POR LA LIBRE
Pedro Gutiérrez Gutiérrez
Uno de los grandes males en el ejercicio del gobierno, es la corrupción. La sociedad desconfía de la honradez de los funcionarios públicos. Todas las encuestas hechas a la población sobre la percepción del ciudadano en materia de confianza hacia el servidor público de cualquier color partidario, es negativa. Por eso, en los últimos años se han creado leyes encaminadas a darle mayor transparencia al uso del presupuesto y el acceso a la información pública.
En consonancia con esto, los partidos políticos como el PRI, han tomado medidas para que los candidatos al poder ejecutivo federal o estatal, hagan público su declaración patrimonial individual, más allá de lo que establece la Ley, que contempla la obligación sólo durante el ejercicio del cargo. Enrique Peña Nieto y Jesús Alí de la Torre dieron a conocer públicamente su patrimonio familiar, al arranque de sus respectivas campañas.
En el caso de Arturo Núñez Jiménez, hoy gobernador en funciones, rechazó durante su campaña, hacer público su patrimonio, argumentando contradictoriamente que no tenía nada que ocultar.
La duda fundada de cualquier persona es, si el gobernador no tiene nada que ocultar por qué no hizo público desde entonces su patrimonio familiar, sobre todo para ser consecuente con una de sus grandes banderas, el combate a la corrupción.
Más allá de la norma, los ciudadanos tabasqueños aplaudirían que el Gobernador y los principales miembros de su gabinete, hicieran pública sus respectivas declaraciones patrimoniales, para que sepamos con cuantas propiedades y dinero entran y con cuanto saldrán.
La sociedad tabasqueña no favoreció al candidato del PRI, porque percibió que muchos funcionarios y familiares de Andrés Granier, se habían enriquecido de la noche a la mañana y lo sancionó en las urnas.
Por salud pública y en aras de la credibilidad, los funcionarios actuales, empezando por el gobernador, SI NO VINIERON A LLEVARSE NADA DE TABASCO como afirman, deben hacer público sus respectivos patrimonios. Si no lo hacen pretextando que la ley no los obliga a ello, entonces es probable que en el transcurso del sexenio, tengamos un nuevo clan de ricos y el remedio haya salido, peor que la enfermedad.
