ACTA, un riesgo para periodistas y activistas
Credito:Julio Sánchez Onofre / El Economista
Los periodistas y defensores de los derechos humanos podrían vivir una nueva era de persecución y censura, de ratificarse el ingreso de México al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), un tratado internacional que, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual en internet, deja abierta la puerta a que las autoridades puedan tener libre acceso a la información privada.
Así lo advirtieron Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Antonio Martínez Velázquez, oficial de Comunicación de Artículo 19 México, quienes junto a representantes de la industria de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), académicos y legisladores se unieron este miércoles para reiterar su llamado al Ejecutivo de que retire su adhesión al ACTA.
Desde el 2008, el ACTA fue negociado por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza, México, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Jordania, Moroco y los Emiratos Árabes Unidos como un mecanismo para armonizar la lucha contra la falsificación y piratería de productos y marcas, tanto en ambientes físicos como en digitales.
Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos ya firmaron ACTA. El Parlamento de la Unión Europea rechazó el acuerdo el 4 de julio pasado, por considerar su redacción ambigua y presenta incertidumbre sobre la defensa de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet.
El Senado mexicano rechazó el acuerdo en junio del 2011, pero el Ejecutivo federal, representado por el embajador mexicano en Japón, Claude Heller, se suscribió al ACTA el 11 de julio pasado, como “un mensaje de que México tiene el propósito de combatir la piratería”.
En conferencia de prensa este miércoles, el senador Javier Castellón Fonseca afirmó que dirigió una propuesta al pleno del Senado para convocar a comparecencia a los titulares de las secretarías de Economía, Bruno Ferrari, y Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para que expliquen las razones del gobierno mexicano de adherirse al ACTA.
Para legisladores, representantes de la industria de las TIC, de la academia y de la sociedad civil, el acuerdo más allá de proteger a los creadores presenta un riesgo para las garantías individuales y la neutralidad de la red.
"El tratado contiene disposiciones que permitirán, de ser aplicadas, la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, a los que se dedican al periodismo y eventualmente cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en la Internet”, explicó Robles Maloof.
El senador Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ejemplificó que el artículo 27º del ACTA exige a los proveedores de internet (ISP, por su sigla en inglés) que proporcionen los datos privados de los usuarios a los titulares de propiedad intelectual, por la sola presunción de culpabilidad ante una infracción.
Antonio Martínez Velázquez, de Artículo 19 México, agregó que los artículos 8, 9, 25 y 23 de ACTA violentan el derecho de libertad de expresión y se configura un escenario de censura previa.
Su preocupación es mayor: el ACTA podría agravar las agresiones a los periodistas en México, que al primer semestre del 2012 se contabilizaron 85 incidentes, de acuerdo con Artículo 19.
“Más de la mitad de las agresiones a periodistas son hechas por el Estado, por autoridades locales, estatales y federales; debemos garantizar que Internet siga siendo libre, que no esté vigilado y permita informar a los periodistas”, alertó Martínez Velázquez.
Para León Felipe Sánchez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Internet Society México (Isoc), la firma del ACTA “refleja el autoritarismo del Gobierno” por haber ignorado las mesas de trabajo que se realizaron el año pasado y la negativa del Senado a suscribirlo, en lugar de defender los derechos de propiedad intelectual y de los ciudadanos.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), agregó: “Bajo ningún criterio se justifica la invasión a la privacidad de las esferas digitales, personales y de información”.
ACTA llega cuando el acceso a internet en México alcanza a poco más de 30% de los ciudadanos, mientras que en países como Japón o Estados Unidos tienen una penetración mayor a 50%, dijo Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).
De aplicarse, añadió, el crecimiento de Internet como un medio de difusión y democratización de la información, así como las actividades comerciales dentro del ciberespacio se verían mermados.
Emilio Saldaña, empresario y miembro de la Asociación Mexicana Empresaria de Software Libre, agregó que ACTA sólo generará una aversión de los usuarios hacia un medio que criminaliza el acto de compartir información.
Los periodistas y defensores de los derechos humanos podrían vivir una nueva era de persecución y censura, de ratificarse el ingreso de México al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), un tratado internacional que, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual en internet, deja abierta la puerta a que las autoridades puedan tener libre acceso a la información privada.
Así lo advirtieron Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Antonio Martínez Velázquez, oficial de Comunicación de Artículo 19 México, quienes junto a representantes de la industria de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), académicos y legisladores se unieron este miércoles para reiterar su llamado al Ejecutivo de que retire su adhesión al ACTA.
Desde el 2008, el ACTA fue negociado por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza, México, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Jordania, Moroco y los Emiratos Árabes Unidos como un mecanismo para armonizar la lucha contra la falsificación y piratería de productos y marcas, tanto en ambientes físicos como en digitales.
Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos ya firmaron ACTA. El Parlamento de la Unión Europea rechazó el acuerdo el 4 de julio pasado, por considerar su redacción ambigua y presenta incertidumbre sobre la defensa de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet.
El Senado mexicano rechazó el acuerdo en junio del 2011, pero el Ejecutivo federal, representado por el embajador mexicano en Japón, Claude Heller, se suscribió al ACTA el 11 de julio pasado, como “un mensaje de que México tiene el propósito de combatir la piratería”.
En conferencia de prensa este miércoles, el senador Javier Castellón Fonseca afirmó que dirigió una propuesta al pleno del Senado para convocar a comparecencia a los titulares de las secretarías de Economía, Bruno Ferrari, y Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para que expliquen las razones del gobierno mexicano de adherirse al ACTA.
Para legisladores, representantes de la industria de las TIC, de la academia y de la sociedad civil, el acuerdo más allá de proteger a los creadores presenta un riesgo para las garantías individuales y la neutralidad de la red.
"El tratado contiene disposiciones que permitirán, de ser aplicadas, la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, a los que se dedican al periodismo y eventualmente cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en la Internet”, explicó Robles Maloof.
El senador Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ejemplificó que el artículo 27º del ACTA exige a los proveedores de internet (ISP, por su sigla en inglés) que proporcionen los datos privados de los usuarios a los titulares de propiedad intelectual, por la sola presunción de culpabilidad ante una infracción.
Antonio Martínez Velázquez, de Artículo 19 México, agregó que los artículos 8, 9, 25 y 23 de ACTA violentan el derecho de libertad de expresión y se configura un escenario de censura previa.
Su preocupación es mayor: el ACTA podría agravar las agresiones a los periodistas en México, que al primer semestre del 2012 se contabilizaron 85 incidentes, de acuerdo con Artículo 19.
“Más de la mitad de las agresiones a periodistas son hechas por el Estado, por autoridades locales, estatales y federales; debemos garantizar que Internet siga siendo libre, que no esté vigilado y permita informar a los periodistas”, alertó Martínez Velázquez.
Para León Felipe Sánchez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Internet Society México (Isoc), la firma del ACTA “refleja el autoritarismo del Gobierno” por haber ignorado las mesas de trabajo que se realizaron el año pasado y la negativa del Senado a suscribirlo, en lugar de defender los derechos de propiedad intelectual y de los ciudadanos.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The-CIU), agregó: “Bajo ningún criterio se justifica la invasión a la privacidad de las esferas digitales, personales y de información”.
ACTA llega cuando el acceso a internet en México alcanza a poco más de 30% de los ciudadanos, mientras que en países como Japón o Estados Unidos tienen una penetración mayor a 50%, dijo Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).
De aplicarse, añadió, el crecimiento de Internet como un medio de difusión y democratización de la información, así como las actividades comerciales dentro del ciberespacio se verían mermados.
Emilio Saldaña, empresario y miembro de la Asociación Mexicana Empresaria de Software Libre, agregó que ACTA sólo generará una aversión de los usuarios hacia un medio que criminaliza el acto de compartir información.
